Documento "Mujeres en camino de transformar radicalmente un mundo en crisis" - Cidade do México

A ANPEd, através de seu GT 23, apoia o marco de referência "Mujeres en camino de transformar radicalmente un mundo en crisis", eleborado para Beijing+25 durante reunião estratégica de ativistas feministas na Cidade no México entre os dias 22 e 24 de agosto de 2019.

Mujeres en camino de transformar radicalmente un mundo en crisis - Un marco de referencia para Beijing+25 (acesse)

Del 22 al 24 de agosto de 2019, un grupo de activistas feministas de distintas regiones y movimientos sociales se reunieron en Ciudad de México para pensar estrategias en torno al 25° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer que tuvo lugar en China en 1995 y de la Plataforma de Acción de Beijing que los gobiernos acordaron durante ese evento. Beijing+25, conocido como «Foro para la Generación de Igualdad», tendrá su momento inicial en Ciudad de México en mayo de 2020, y culminará en París en julio del mismo año. En la reunión estratégica analizamos la oportunidad política única que nos presenta Beijing+25 para abordar los obstáculos estructurales y sistémicos más importantes para la realización de la justicia de género y los derechos humanos de las mujeres. En este documento compartimos nuestro marco de referencia colectivo para el análisis, desarrollamos nuestra mirada sobre esos desafíos y presentamos propuestas que reflejan las realidades y las luchas de diferentes colectivos de mujeres, personas trans y otras que cuestionan los mandatos de género en el momento actual. En respuesta a la invitación que nos formulara el Gobierno de México, también presentamos en la reunión propuestas sobre el financiamiento, el proceso preparatorio, la participación, el formato y los resultados del Foro para la Generación de Igualdad, centrándonos sobre todo en su momento inicial en Ciudad de México donde consideramos que se sentarán las bases del proceso que culminará en París.

1. Marco general

En 1995, el Foro de ONG de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer realizada en Beijing (China) se llamó «Ver el mundo a través de los ojos de las mujeres». Este colocó la visión colectiva de los movimientos de mujeres del mundo en la escena global, lo que fue fundamental para que la conferencia pudiera promover resultados más progresistas. Si bien en los 25 años transcurridos desde entonces hemos visto avances, también hemos presenciado la reacción contra esos logros y la consolidación de desequilibrios de poder y de las estructuras que sostienen la opresión que sufren las mujeres, con resultados nefastos.

El mundo se encuentra en un estado de crisis profunda que deja expuestos los perversos dispositivos del capitalismo. Las ideologías que durante siglos se han manipulado para justificar la acumulación de capital continúan vivas hoy a través del neoliberalismo y de arteras encarnaciones contemporáneas del patriarcado, la supremacía blanca y el colonialismo que resultan vitales para su funcionamiento. Como responsables sistemáticos de la opresión y la desigualdad que afectan a las mujeres, estos factores están estrechamente relacionados entre sí y forman un sistema que debe ser enfrentado.

Para Beijing+25 debemos celebrar y afirmar los logros que hemos alcanzado enfrentando a este sistema y haciendo avanzar los derechos humanos de las mujeres; canalizar la ira que nos despiertan las crisis que atraviesan nuestras comunidades y ecosistemas; nutrirnos de la esperanza que generan la movilización y las acciones transformadoras de las mujeres; y encarar acciones colectivas en solidaridad con otros movimientos de resistencia y de liberación, exigiendo rendición de cuentas a los Estados y al sector privado.

El capitalismo neoliberal es uno de los principales responsables de las actuales crisis mundiales. Su lógica coloca la «libertad» de los mercados y el lucro por encima de las personas y del planeta. Desde hace mucho tiempo las mujeres estamos al frente de las luchas contra este sistema, al que consideramos incompatible con la liberación y el empoderamiento de las mujeres, las personas trans y las que cuestionan los mandatos de género. Porque consideramos que las estructuras patriarcales y la supremacía blanca ocupan un rol central en el funcionamiento del capitalismo neoliberal de nuestros días — lo que se hace evidente en la montaña de trabajo de cuidados no remunerado sobre la que descansa el lucro empresarial — creemos que el mercado no puede ser un mecanismo eficaz para corregir las desigualdades de género, raciales o étnicas. Por el contrario, un enfoque feminista requiere de intervenciones políticas que activamente busquen reestructurar el estado actual de desigualdad en la economía y en la sociedad. El neoliberalismo ataca las intervenciones regulatorias y políticas que buscan ponerle límites al capital, por eso es incompatible con la justicia de género y los derechos humanos.

El capital global resulta más aterrador que nunca tras décadas de crecimiento y extractivismo sin restricciones, alentados por el predominio neoliberal y sin que los modelos de desarrollo neoextractivistas los hayan cuestionado. En su afán de lucro, el capital global ha causado devastación ecológica, subdesarrollo, violencia y represión y profundizado los autoritarismos en todo el mundo. En el peor de los casos, activamente genera divisiones y desigualdades en la sociedad para beneficiarse de ellas; en el mejor de los casos, ignora o coopta las luchas populares para impulsar su propia agenda (lo que se hace evidente en los intentos recientes de promover la liberalización del comercio disfrazada de empoderamiento de las mujeres). Desde los programas de ajuste estructural de la década de los ochenta hasta la crisis de la deuda actual, el sistema neoliberal ha utilizado herramientas políticas y financieras para mantener especialmente a los países del Sur Global atados a los intereses del capital global, lo que socava su derecho al desarrollo y su capacidad para imaginar y adoptar políticas que tengan como prioridad las necesidades de sus pueblos. En nombre del «crecimiento económico» se han justificado la liberalización del comercio, las desregulaciones, la austeridad y las privatizaciones, todas políticas neoliberales que no han mejorado los estándares de vida de la mayoría de las personas empobrecidas del mundo. Por el contrario, han exacerbado las desigualdades de poder imperantes en cuanto a recursos y riqueza entre países, entre personas enriquecidas y empobrecidas, entre hombres y mujeres, y entre grupos raciales y étnicos dominantes y oprimidos.

En la Ciudad de México nos reuniremos como colectivos diversos de mujeres que también formamos parte de movimientos sociales que resisten a estas estructuras de opresión en sus contextos. Ante la crisis extrema que enfrentamos hoy, buscamos la transformación radical de este mundo, colocando a las mujeres, a todas las personas y al planeta por encima del lucro.

1. Desafíos

   1. Crisis climática

El calentamiento global está transformando profundamente las comunidades, los ecosistemas y la biósfera, amenazando su supervivencia misma. Este sistema — que tiene sus raíces en el capitalismo neoliberal y cuyos efectos se ven exacerbados por un modelo de desarrollo extractivista y dependiente de los combustibles fósiles — produce devastadores efectos. Incrementa las desigualdades y la violencia al interior de los Estados y entre ellos, además de acelerar la sexta extinción masiva de entre 150 y 200 especies por día mediante la destrucción de hábitats, la caza excesiva, la contaminación por componentes tóxicos, la invasión de especies no endémicas y el cambio climático (Antropoceno). En este contexto, a las mujeres y personas marginadas se les dificulta la lucha por la supervivencia, ya que los impactos del cambio climático se suman a desigualdades estructurales, como la violencia y la discriminación basadas en el género. Esto se acentúa aún más para quienes viven en pequeños Estados y territorios insulares, en los países menos desarrollados, en el Sur Global y también para pueblos indígenas, personas empobrecidas en zonas urbanas, comunidades rurales y remotas, afrodescendientes, personas con discapacidades, comunidades migrantes, personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), minorías étnicas, niñas, adultxs mayores, comunidades discriminadas por su ascendencia y su ocupación, y muchxs otrxs.

El cambio climático, los desastres y la pérdida de biodiversidad están intrínsecamente vinculados, y la necesidad urgente de abordarlos desde una perspectiva integrada y ecológica ya ha sido bien establecida por la ciencia y está expresada en acuerdos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015). El cambio climático también es una cuestión de equidad intergeneracional para las mujeres, niñas y todas las personas de las generaciones futuras. Por eso, debemos colocar la justicia de género y los derechos humanos en un lugar central en todas nuestras respuestas a la crisis climática, eliminar el lucro como meta primordial y garantizar que definamos y midamos el progreso hacia la justicia climática y el desarrollo sostenible a partir de criterios como la seguridad y el bienestar, el acceso a la justicia, la salud, la participación democrática y la sostenibilidad ecológica.

1. Crisis de la democracia 

En Estados democráticos de todo el mundo, se están debilitando cada vez más (o ya se han perdido) las vías institucionalizadas que alguna vez existieron o que se estaban creando para que los grupos marginados pudieran afirmar sus derechos y buscar ser incluidos. Aun en Estados que tenían culturas y prácticas activas de disputa política, el asalto de las ideologías de derecha sobre estos mecanismos se ha convertido en una nueva y aterradora normalidad que facilita la consolidación del poder económico y político por parte de los grupos dominantes (que incluyen actores estatales y no estatales como las empresas, los extremismos religiosos y el crimen organizado). Las manifestaciones de esta crisis de la democracia, y el auge del autoritarismo que las acompaña, son globales y múltiples, y están profundamente enraizadas en el contexto político, económico, social y cultural contemporáneo. Estas fuerzas han tomado el poder y se ha beneficiado de los temores económicos de lxs trabajadorxs afectadxs por los programas de austeridad neoliberal, y utilizado el racismo, la intolerancia religiosa y la xenofobia como herramientas para movilizar a sus bases enfurecidas. 

1.  Autoritarismo y dogmatismo religioso

En todo el mundo, lxs feministas han estado en la primera línea de las luchas contra la opresión causada por Estados democráticos solo de nombre y autoritarios. Las configuraciones políticas específicas de los Estados determinan la naturaleza de las prácticas opresivas y también de las herramientas de resistencia que pueden utilizar lxs activistas. Los gobiernos autoritarios — algunos de los cuales fueron elegidos por vías democráticas — a menudo consolidan su poder a través de leyes de emergencia adoptadas en nombre de la seguridad y que de manera indiscriminada restringen el disenso. Algunos ejemplos de este accionar son las limitaciones o privaciones de derechos y libertades; las restricciones a la libertad de movimiento, expresión y disenso; la criminalización y persecución a defensorxs de derechos humanos y activistas; las limitaciones al financiamiento o el registro de organizaciones no gubernamentales (ONG); y la suspensión del debido proceso y del Estado de derecho. Las restricciones a estos derechos se hacen más intensas para las poblaciones a las que ya de por sí les resulta difícil reivindicar sus derechos o su dignidad humana. Las torturas, detenciones y ejecuciones arbitrarias, y las desapariciones forzadas se vienen convirtiendo en la norma, lo que empuja a las mujeres, las personas trans y las que cuestionan los mandatos de género a desempeñar los roles más visibles y peligrosos como defensorxs de derechos humanos. 

Los regímenes autoritarios y la consolidación política del dogmatismo religioso se refuerzan mutuamente; narrativas rígidas y fundamentalistas se combinan con el poder absoluto del Estado contra el pluralismo, la diferencia, el debate y el disenso. Se trata de una estrategia que afirma y perpetúa la misoginia, el patriarcado, la heteronormatividad, el racismo, la xenofobia y la supremacía blanca, para crear un ambiente en el que se deslegitiman los derechos humanos, se reprime a la oposición, se criminaliza el disenso social y se perpetúan actos de genocidio. En ese contexto, resulta inevitable que el poder autoritario centre sus ataques en las mujeres y las personas que cuestionan los mandatos de género a través de la regulación de sus cuerpos, roles, libertades y derechos. Las vidas de las mujeres, de las personas trans y de otras que cuestionan los mandatos de género son las que están más limitadas y restringidas por las agendas fundamentalistas. Estas personas son particularmente vulnerables a la violencia y la represión cuando se percibe que están traspasando los límites que les han fijado las fuerzas fundamentalistas que imponen políticas esencialistas. Un término que se utiliza cada vez más con este fin es «ideología de género». Grupos conservadores particularmente de América Latina y Europa lo emplean para proyectar versiones distorsionadas e inventadas de las demandas del feminismo y de los colectivos LGBTI; para atacar los avances en el terreno de los derechos humanos y las autonomía de las mujeres; y para fortalecer ideas heteronormativas sobre sexualidad y género.

Estas fuerzas conservadoras y autoritarias constituyen una red interconectada de grupos religiosos, elites políticas, sector privado, emprendedorxs, instituciones educativas confesionales, movimientos, militantes y muchxs otrxs actores que emplean un léxico religioso para impulsar agendas políticas antidemocráticas y misóginas. Están dominando cada vez más las narrativas públicas y los espacios donde se toman decisiones, dotadxs de los recursos monetarios e intelectuales que movilizan a escala global para impulsar sus agendas compartidas.

1. Securitización, criminalización y militarización

Los conflictos y las guerras son fundamentales para el orden económico neoliberal global. Estos se ven reforzados por fuertes sistemas militarizados en los que se justifica la violencia estatal y se deja de lado el Estado de derecho con la excusa de proteger la seguridad nacional cuando, en realidad, estos sistemas sirven a los intereses de poderosos actores estatales y no estatales específicos. Respaldada por un complejo militar-industrial globalizado y en expansión, la militarización en nombre de la seguridad nacional se infiltra en la vida cotidiana cuando el personal militar comienza a desempeñar funciones civiles en el gobierno, los sistemas humanitarios, de desarrollo y contra el cambio climático, la justicia penal y las fuerzas policiales. Estos agentes de seguridad pública se cuentan entre los principales perpetradores de violencia contra las mujeres y otros grupos marginados. A medida que los Estados despliegan una mayor violencia tanto explícita como encubierta — por ejemplo, a través de la «guerra contra el terrorismo», la «guerra contra las drogas», las leyes marciales o las excepciones que se aplican a cuerpos cuasimilitares— también se incrementa exponencialmente el gasto público y la inversión e interés de sectores privados en la defensa, el armamento, la ayuda militar, la justicia penal y la infraestructura punitiva (centros de detención y prisiones), que hace crecer tanto a las fuerzas armadas como al complejo industrial carcelario. Todo este aparato opera como forma violenta de control social que se ejerce sobre todo contra lxs defensorxs de derechos humanos y minorías raciales, étnicas y religiosas en los países.

Algunos actores gubernamentales y de la sociedad civil han adoptado estrategias legislativas para penalizar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se ha logrado demostrar la eficacia de esas leyes punitivas. Estas normas no abordan las estructuras subyacentes que habilitaron las violaciones de derechos en primer lugar, como la distribución desigual del poder social, político y económico. También agravan la marginación y las desigualdades que habilitan violaciones de derechos, sin llegar a hacerse eco de las demandas de quienes las han padecido, sobre todo de las mujeres y grupos marginados. Tanto bajo regímenes autoritarios como democráticos, el peso de las leyes punitivas cae de manera desproporcionada sobre los colectivos marginados: defensoras de los derechos humanos, personas LGBTI, trabajadorxs sexuales, personas VIH-positivas, activistas ambientales, por la tierra y por el trabajo son lxs más vulnerables a la criminalización. Sobre todo bajo regímenes autoritarios, esto se exacerba por la influencia de otros aparatos estatales sobre el sistema judicial. Los regímenes autoritarios descansan en una política basada en el miedo: apelan al deseo colectivo de «orden y control» y utilizan la «ley y el orden» para justificar la criminalización de todo lo que amenace el orden social, político y económico dominante.

1. Tecnología y vigilancia

La vigilancia es una herramienta histórica de control que en la actualidad se ve reforzada por los avances tecnológicos propiedad de empresas privadas con responsabilidad pública limitada. Estas empresas recurren al Estado para que les facilite su crecimiento mediante desregulaciones y reducción de impuestos y, a cambio, le proveen al Gobierno la información y la tecnología necesarias para vigilar a la ciudadanía o lo hacen ellas mismas como cuando se privatizan los sistemas de vigilancia militar. Muchas empresas de tecnología también han sido objeto de fuertes críticas por cómo controlan y recogen (meta)datos de sus usuarixs, no solo porque se trata de un modelo de lucro en permanente expansión, sino porque este también es un medio para manipular resultados políticos y así proteger sus intereses corporativos y comerciales (como ocurrió con el impacto de Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido). Además de complotarse con los Estados, estas empresas tecnológicas también facilitan el flujo de datos hacia actores no estatales. Un ejemplo de esto es la recolección de datos a través de aplicaciones que dan seguimiento a los ciclos menstruales y la geolocalización de clínicas que realizan abortos, información que se vende a actores privados como grupos antiaborto, lo que pone en riesgo a personas que podrían ser atacadas. Se persiste tercamente en creer que las soluciones basadas en la tecnología pueden resolver cuestiones que tienen su origen en problemas estructurales: las empresas tecnológicas, los gobiernos y las Naciones Unidas nos presentan «soluciones» que encierran todavía más oportunidades para la vigilancia y el control.

1.  Censura y regulación

Los gobiernos utilizan varios mecanismos para controlar y regular el flujo de información hacia y desde la ciudadanía. Algunos de esos mecanismos son la ampliación y puesta en vigencia de leyes para la censura, el bloqueo de aplicaciones y, en momentos de crisis, la disminución de la velocidad o, directamente, el cierre del tráfico en Internet. Solo este año hubo cierres notables del espacio virtual en Indonesia, Cachemira, Sri Lanka, Sudán, Papúa Occidental, Zimbabue y en decenas de otros lugares. Esta decisión autoritaria busca controlar el disenso mediante el bloqueo del acceso del público a los servicios de comunicación en línea y frenar el flujo de información, aunque ha mostrado ser ineficaz para sofocar la violencia entre facciones y la agitación social. Muchos mecanismos de censura y regulación dependen de la cooperación activa de las empresas tecnológicas que los facilitan e implementan. Algunos ejemplos son el caso de Facebook, cuando accedió a las solicitudes de varios gobiernos para censurar páginas de figuras de la oposición o de quienes promovían determinadas protestas; el desarrollo de motores de búsqueda censurados como el propuesto Dragonfly para usuarixs de Internet en China; la cesión de tecnología para el reconocimiento facial a autoridades migratorias; y los ataques virtuales orquestados desde el Estado contra grupos de derechos humanos para acceder a su información personal e institucional.

Además de esto, los gigantes de la tecnología regulan el discurso público en sus omnipresentes plataformas, que suelen carecer de transparencia y que se aplican de forma desigual, mediante la administración de pautas para usuarixs. Todo ello facilita la difusión de noticias falsas y el uso de algoritmos que dejan expuestxs a lxs usuarixs a contenidos distorsionados cuyo profundo impacto en la conducta política ya ha sido demostrado. Las empresas tecnológicas, sobre las que casi no se aplican regulaciones, son actores decisivos en la circulación contemporánea de información, como lo demuestran desde la forma en que se ordena la información a partir de los motores de búsqueda y su influencia sobre votantes indecisxs hasta los algoritmos de las noticias de Facebook que determinan cuán probable será que lxs votantes concurran a las urnas.

1. Captura corporativa y sector privado

Un desafío decisivo al que se enfrenta el mundo de hoy es la captura del Estado y de espacios multilaterales como las Naciones Unidas (ONU) por parte de las empresas. Esta apropiación de los espacios e instrumentos para la formulación de políticas por parte de poderosos actores privados y grupos de interés se produjo tras la erosión de los recursos e infraestructura públicos, proceso que a su vez se vio facilitado a menudo por fuerzas de derecha y procorporativas, de manera sutil en regímenes democráticos y en forma más evidente bajo los autoritarismos. Esa erosión hizo que los gobiernos e instituciones multilaterales se asociaran cada vez más con empresas para prestar servicios sociales y emprender proyectos económicos. A medida que las instituciones del Estado se fueron endeudando y mezclando con el sector privado, los preceptos empresariales comenzaron a determinar las agendas locales, nacionales, regionales y globales. Los intereses privados predominan cada vez más por sobre los públicos y colectivos. Así crean un proceso de retroalimentación en el que los intereses privados influyen en la gobernanza para erosionar los recursos públicos (por ejemplo, mediante regímenes de derecha y políticas fiscales neoliberales) y justificar la colaboración con el sector privado, a la vez que reducen la capacidad de los Estados para regular a ese mismo sector privado en los países y fuera de sus fronteras. Esto refuerza el control empresarial sobre el Estado y pone en riesgo la diligencia debida, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Cuanto más se perpetúa esta dinámica, mayor es el riesgo de olvidar las causas estructurales de esta crisis del Estado: la codicia capitalista neoliberal, la desregulación y la confianza excesiva en las corporaciones privadas. En lugar de afirmar la primacía de los derechos humanos y el interés público por sobre los intereses privados, los Estados se hacen cómplices del sector privado cuando este utiliza las cuestiones de género para lavar su imagen y prefieren operar con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los cuales son relativamente leves.

Con el auge de las asociaciones público-privadas (APP) en áreas tan diversas como la extracción de recursos naturales, la energía, la infraestructura y la prestación de servicios sociales, los intereses privados invaden áreas que son fundamentales para las vidas y la supervivencia de las mujeres. Esto constituye una seria amenaza para la infraestructura y los servicios sociales transformadores en materia de género. La privatización afecta los medios de vida y la supervivencia de las mujeres y las personas que dependen de ellas, pues limita su acceso a recursos como la tierra y el agua y mercantiliza los servicios sociales. En muchos contextos, quienes se resisten a estos proyectos son objeto de violencia, incluida la violencia sexual, las limitaciones a su libertad de expresión y asociación, y las amenazas a su derecho a la vida. Las defensoras de derechos humanos son arbitrariamente detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas con impunidad frente a la complicidad y la inacción de los Estados. Dicha situación resulta particularmente problemática en el contexto de la creciente dependencia de las APP para financiar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1. Pobreza y desigualdad 

La pobreza y el acceso desigual a servicios públicos esenciales de calidad como agua, saneamiento, atención de la salud, educación, transporte y trabajo decente son factores que inciden en la privación, discriminación, violencia y violaciones a los derechos humanos sistémicas, a la vez que desempeñan un rol central en la privación de poder a las mujeres, niñas, personas trans y que cuestionan los mandatos de género en todo el mundo. Cuando muchos gobiernos se concentran solo en el crecimiento doméstico y el empleo como panaceas para la reducción de la pobreza, incumplen su obligación de ocuparse de las desigualdades estructurales y de las barreras sociales y económicas más amplias que constituyen la raíz de esa misma pobreza. Además, el cambio climático y la crisis ecológica agravan los niveles de pobreza y reducen la capacidad estatal, sobre todo en aquellos Estados vulnerables al clima, en los pequeños Estados insulares que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática, y en los países menos desarrollados.

1. Trabajo 

Un elemento central de la agenda neoliberal ha sido el ataque sistemático a los salarios y derechos de lxs trabajadorxs, incluido su derecho a organizarse en sindicatos. La mayoría de las trabajadoras se desempeñan actualmente en el sector informal y, por eso, es más probable que tengan empleos precarios, sin acceso a protección social y legal ni beneficios institucionales. Esto se combina con la pobreza de tiempo que resulta de la desigualdad en los roles de las mujeres en el trabajo de cuidados no remunerado y hace que estas tengan jornadas de trabajo más prolongadas que los hombres durante toda su vida. Además, debido a la marginación social, política y económica que afecta a las mujeres en general, es mucho más probable que el trabajo que realicen no esté regulado. A las migrantes, por ejemplo, a menudo se las priva de derechos básicos en el país donde trabajan; las trabajadoras domésticas, doblemente marginadas como migrantes en el sector informal, viven en un estado de precariedad aún mayor debido a las protecciones laborales inadecuadas. Asimismo, lxs trabajadorxs sexuales, en su mayoría mujeres, personas trans y otrxs que cuestionan los mandatos de género, están entre quienes sufren los índices más altos de violencia laboral porque el trabajo que realizan está estigmatizado y no se lo regula. 

1. Salud

Los gobiernos en general no están cumpliendo con su obligación en materia de derechos humanos de garantizar que todas las personas puedan alcanzar el máximo nivel posible de salud. La falta de inversión en servicios de salud pública y de atención primaria, sumada a una creciente dependencia de las APP para prestar servicios básicos, han generado inequidades en el acceso y la calidad de los servicios de atención de la salud. En muchos contextos, a prestadoras del sector privado se les ha dado espacio para que se desarrollen, mientras que los sectores de bajos ingresos y marginados pierden el acceso tras la imposición de tarifas a lxs usuarixs y la excesiva burocratización. La atención de la salud está fuera del alcance de muchas personas de comunidades rurales, remotas y marítimas por la escasa disponibilidad de instituciones públicas cercanas y bien equipadas, agravada por la falta de inversión en el transporte público. La falta de personal de salud con conocimientos y capacitación limita todavía más la disponibilidad de servicios. Asimismo, las mujeres y las niñas se enfrentan a múltiples formas de discriminación, violencia y estigma para acceder a la atención de la salud, como la negación de servicios de salud sexual y reproductiva por parte de prestadoras y que afecta sobre todo a las jóvenes, mayores, discapacitadas, negras, indígenas, migrantes, discriminadas por su ascendencia y su ocupación, y a las personas LGBTI. Aun cuando los gobiernos se han comprometido a alcanzar la cobertura universal de salud, muchos de sus programas presentan importantes déficits. No abordan en forma adecuada ni incluyen las necesidades de las mujeres, las personas trans y otras que cuestionan los mandatos de género, o excluyen a las personas que trabajan en el sector informal, migrantes, y otras comunidades marginadas y de bajos ingresos, que quedan expuestas a un riesgo aún mayor de caer en la pobreza si tienen que pagar por la atención de enfermedades crónicas o de emergencias de salud.

1. Derecho a la tierra

La pobreza de activos producto de la privación del derecho a la tierra y de otros derechos de propiedad para las mujeres agrava su subordinación económica. Mientras que en algunos países a las mujeres se les niega formalmente el derecho a poseer y heredar tierras, en otros, aun teniendo derechos formales, las mujeres están perdiendo el control sobre sus tierras y demás recursos productivos debido a las apropiaciones y los desalojos. Estas prácticas las impulsan empresas multinacionales empoderadas por la falta de regulación a las industrias extractivas y agrícolas, y muchas veces se las lleva a cabo en nombre del desarrollo o de la reconstrucción tras desastres ambientales y de factura humana. En esta temática, resulta necesario prestar una atención especial a la carga adicional que recae sobre los pueblos o colectivos negros, indígenas y tradicionales, así como sobre las comunidades discriminadas por su ascendencia y ocupación.

1. Autonomía corporal y sexualidad

El derecho humano de las personas a ejercer autonomía sobre su sexualidad, expresarla y relacionarse, interactuar y entablar vínculos libremente con otras personas bajo ninguna forma de coerción, violencia o discriminación, así como a decidir si tener hijxs o no y cuándo hacerlo, es fundamental para el ejercicio de la autonomía sobre otras áreas de su vida. Pero los derechos humanos de las mujeres, personas trans y otras que cuestionan los mandatos de género, las adolescentes y las niñas se violan en forma regular y son blanco de ataques intensos por parte de instituciones religiosas y gobiernos autoritarios. En este tema es donde los discursos antigénero alcanzan su mayor potencia, y movilizan a una nueva oposición frente a derechos que costó mucho lograr en aspectos como la educación sexual integral, el aborto y la anticoncepción, las tecnologías para la reproducción asistida y la igualdad en el matrimonio, entre otros.

En este contexto, los Estados utilizan la criminalización como herramienta para castigar, excluir y profundizar el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI y no binarias, quienes procurar hacerse un aborto o ya se lo han hecho, y cualquier otra persona que transgreda las normas sexuales y sociales, como lxs trabajadorxs sexuales y las adolescentes sexualmente activas. Esto se combina con los esfuerzos por distorsionar el derecho individual a la libertad de conciencia o religiosa para justificar y avalar la discriminación estatal nada menos que contra grupos o personas específicas que ejercen dichas libertades. Mientras eso ocurre, a las mujeres indígenas, las que viven con VIH, con discapacidades, rom y afrodescendientes; personas intersex y trans, entre otras, se les continúa negando su capacidad de decidir y se las somete a esterilizaciones, uso de anticonceptivos o cirugías genitales forzadas o por coerción. Es habitual que a lxs adolescentes se les niegue el acceso a información basada en evidencias, así como su capacidad para tomar decisiones informadas en aspectos concernientes a su autonomía corporal, placer y sexualidades. Los desafíos que enfrentamos en esta área tienen su raíz en factores complejos que afectan y determinan las realidades que viven las mujeres, niñas y personas que cuestionan los mandatos de género, así como el ejercicio de sus derechos: el patriarcado, el colonialismo, el racismo y la supremacía blanca, entre otros.

1. Violencia contra las mujeres, incluida la violencia contra las defensoras de derechos humanos

Estamos percibiendo la expansión de medidas represivas por parte de actores estatales y no estatales —entre ellos, el crimen organizado, los grupos empresarios y los fundamentalismos religiosos— que atacan a las mujeres, las personas que cuestionan los mandatos de género y las defensoras de derechos humanos. Los discursos de odio y los llamados públicos a la violencia contra estos grupos están cada vez más normalizados bajo regímenes autoritarios y por parte de actores fascistas en diferentes regiones. Esta violencia se ve exacerbada por la creciente desigualdad, las crisis climática y ecológica, y las políticas económicas que profundizan la vulnerabilidad social y económica, así como la marginación de las mujeres y sus comunidades, en particular las negras, indígenas, de minorías étnicas y las que padecen discriminación por su ascendencia u ocupación. Dado el incremento claro del sexismo y la misoginia, también está creciendo la violencia contra las mujeres, inclusive en sus formas extremas como las desapariciones, la tortura y los femicidios que se producen en todo el mundo con impunidad alarmante. Aunque gracias a la movilización de las mujeres sobrevivientes a distintas formas de violencia observamos un nivel de conciencia global sin precedentes acerca de este problema, la situación persiste e incluso se profundiza, ya que no se han abordado con seriedad las cuestiones estructurales subyacentes a la violencia y relacionadas con la opresión que sufren las mujeres. 

1. Racismo, casteismo y xenofobia 

La economía política global contemporánea está inseparablemente ligada a la permanente ocupación, explotación, esclavización y saqueo del Sur Global por parte del Norte Global de forma directa y a través de sus representantes corporativos. Estas estructuras persistentes del colonialismo y neocolonialismo, así como la historia profunda de la esclavitud, están construidas sobre la supremacía blanca que continúa imponiéndose en los sistemas económicos, sociales y políticos, tanto al interior de los países como entre ellos y permanece incrustada en ideologías como la Doctrina del Descubrimiento y ciertas «normas» religiosas, mediáticas y culturales. La supremacía blanca ha determinado la experiencia de vida de millones de personas.

Algunas de las comunidades que han sufrido los mayores impactos en todo el mundo se enfrentan a discriminación por su ascendencia y ocupación, como el pueblo rom en Europa, lxs dalits en el sur de Asia, lxs quilombolxs en Brasil, lxs burakumin en Japón y las muchas comunidades africanas esclavizadas ahora y en el pasado. Todxs ellxs comparten la lucha contra las estructuras sociales que permanentemente devalúan su estatus de personas y que les exigen desempeñar labores estigmatizadas y sujetas a explotación. Aun así, muchos Estados todavía no reconocen como tal esta forma de discriminación, la que además, como fuente significativa de exclusión, violencia y estigmatización, está ausente de la mayoría de los marcos de referencia para políticas regionales y globales. En aquellos Estados que formalmente reconocen la discriminación por ascendencia y ocupación, la persistencia de estructuras de exclusión y estigmatización ha impedido la formulación e implementación de políticas eficaces para dar respuesta a estas situaciones.

Las mujeres se enfrentan a múltiples formas de opresión debido a la intersección de la discriminación por género con aquella relacionada con la raza, casta, etnia, condición indígena, religión, situación migratoria, y el origen nacional, entre otros factores. La raza y la casta son elementos decisivos en los esfuerzos por «dividir para reinar» entre trabajadorxs y también han operado como causa de división en movimientos por la igualdad de las mujeres. El impacto del neoliberalismo sobre la fuerza laboral de cada país ha intensificado las respuestas racistas y xenofóbicas, enfrentando a trabajadorxs que han sido profundamente dañadxs por las medidas de austeridad contra grupos posicionados como «lxs Otros», y especialmente lxs trabajadorxs migrantes. La atribución de culpas a «lxs Otros» se ha tornado una herramienta política eficaz para acumular poder en tiempos de profunda angustia económica.

1. Migrantes y refugiadxs

Las políticas neoliberales han intensificado las desigualdades, el extractivismo, la pérdida de tierras y medios de vida, los efectos de las temperaturas extremas y de eventos climáticos de lenta aparición, los regímenes autoritarios, la militarización, las guerras y el crecimiento de las bandas criminales. Estos son algunos de los factores que empujan a las personas a migrar de zonas rurales a urbanas y de un país a otro, en desplazamientos donde se mezclan migrantes, refugiadxs y personas que procuran asilo. Al mismo tiempo, los Estados y las empresas buscan a lxs migrantes para satisfacer demandas laborales, en la mayoría de los casos, sin extenderles protecciones a sus derechos humanos. Este régimen global se promueve falsamente como una situación «mutuamente beneficiosa». En los países de destino, a lxs «trabajadorxs invitadxs» (o temporales) y sin documentación se les mantiene en malas condiciones laborales a las que de todas maneras se someten por miedo a ser enviadxs de regreso o a que no les renueven sus visas. Así, los Estados y empresas en los países de destino garantizan la existencia de dos clases dentro de la fuerza laboral, lo que en última instancia debilita los salarios y derechos laborales de todxs lxs trabajadorxs. Los países de los que parten las personas migrantes se benefician de las remesas cuya importancia es decisiva porque a menudo superan el monto de la ayuda internacional que reciben los países.

En todo el mundo, casi la mitad de lxs migrantes internacionales son mujeres y personas LGBTI, muchas de las cuales son bastante jóvenes (el 14% por debajo de los 20 años). Cada estadio en el proceso migratorio de las mujeres está signado por una violencia sistémica y estructural, que incluye la falta de acceso a servicios sociales y legales, así como de protección laboral. Muchas de las mujeres que migran forman parte de cadenas globales de cuidados racializadas y marcadas por sus roles de género, o realizan otros trabajos sistemáticamente mal pagos y no valorados. Por eso, es más probable que se enfrenten a condiciones precarias y peligrosas, y es menos probable que puedan acceder a opciones para regular su situación migratoria o a protecciones laborales. Las mujeres también cuidan solas de sus familias cuando sus cónyuges emigran y pueden hacerse cargo de responsabilidades que alteran las relaciones entre los géneros. Los Estados y otros actores por lo general presentan a las mujeres migrantes como «víctimas vulnerables», en lugar de reconocer y modificar las estructuras y políticas que las colocan en situación de vulnerabilidad y socavan la capacidad de decisión y acción de las migrantes.

1. Propuestas de acción

   1. Crisis climática

2. Desentrañar y conectar entre sí perspectivas indígenas y feministas de justicia ecológica y climática mediante la elaboración de un nuevo marco de referencia con conceptos, temas y políticas y la convocatoria para ello a un diálogo que permita avanzar posturas colectivas hacia Beijing+25.

3. Salvar el Acuerdo de París sobre cambio climático mediante el uso de los espacios intergubernamentales y de múltiples actores de Beijing+25 para dialogar con los Estados sobre justicia económica y ecológica, incluyendo en ese diálogo a pueblos y colectivos marginados y colonizados del Norte y el Sur Globales.

4. Detener los esfuerzos por obtener un «acceso sin distorsiones» a los recursos naturales, incluidos los recursos marinos, en las negociaciones hacia el acuerdo 2020 posterior a Cotonú entre la Unión Europea y Estados africanos, caribeños y del Pacífico.

5. Crisis de la democracia 

   1. Autoritarismo y dogmatismo religioso 

6. Defender y expandir los espacios democráticos mediante el activismo político autónomo y sostenido, que no esté atado a agendas electorales de ningún partido político para garantizar los pilares fundacionales de la democracia para todxs. Entre esos pilares se encuentran el gobierno de las mayorías (con derechos y representación para las minorías), el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la inviolabilidad de las constituciones cuyo marco de referencia sea democrático.

7. Apoyar una infraestructura progresista en el Sur y el Norte Globales y entre ambos —incluidos la sociedad civil, los grupos de expertxs, los medios, el mundo académico, y las personas que formulan políticas— y facilitar la colaboración y la creación colectiva de estrategias para contrarrestar a las fuerzas autoritarias y procorporativas.

8. Desarrollar capacidades en los procesos de organización feminista para diseccionar y responder a las cuestiones estructurales que surgen de la intersección entre el capitalismo neoliberal, la militarización, el autoritarismo y el cambio climático, apoyándose en análisis económicos progresistas y estableciendo conexiones con otros movimientos progresistas.

9. Defender el carácter secular de los foros multilaterales y del Estado, lo que incluye expulsar al Vaticano de las Naciones Unidas y garantizar que la «libertad religiosa» no sea utilizada como licencia para discriminar.

10. En tanto gobiernos, abstenerse de asignar recursos públicos a instituciones religiosas o para la enseñanza religiosa en instituciones públicas.

 

1. Securitización, criminalización y militarización

2. Reemplazar las leyes punitivas por intervenciones sociales integrales en busca de justicia para lxs sobrevivientes y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Como formas de «remedio», crear leyes, sistemas, programas y servicios judiciales que sostengan esas intervenciones.

3. En tanto gobiernos, rechazar las respuestas autoritarias a las crisis y los conflictos, como por ejemplo, mediante el incremento de la securitización y la militarización y, en cambio, reasignar los recursos para militarización fijados en los presupuestos oficiales y destinarlos a mejorar la infraestructura pública y las redes de protección social.

 

1. Tecnología y vigilancia 

2. Garantizar que la recolección de datos respete la privacidad y confidencialidad de lxs sujetxs de derechos se realice en forma consensuada y que solo se utilicen los datos para mejorar programas, infraestructura y servicios públicos.

3. En tanto gobiernos, abstenerse de bloquear el acceso del público a Internet o a los servicios y aplicaciones basadas en Internet, así como oponerse a estos bloqueos cuando se realizan en otros países.

4. En tanto gobiernos, proteger la integridad de las defensoras de derechos humanos en espacios virtuales mediante la adopción de leyes, políticas y prácticas que protejan sus derechos a la intimidad y a responder a las calumnias y discursos de odio.

 

1. Censura y regulación

2. Fortalecer los mecanismos globales y públicos para que los Estados y las empresas que comercian con los datos y manipulan la percepción y la opinión públicas tengan que rendir cuentas más allá de los esquemas de censura nacionales.

3. Integrar la conciencia acerca de las violaciones a los derechos humanos de usuarixs de Internet ejercidas por los Estados y las empresas a los análisis feministas y acciones entre movimientos. Incrementar el acceso de los grupos de derechos humanos y actores de sociedad civil al conocimiento y a las herramientas técnicas necesarias para profundizar el mapeo de dichas violaciones sobre el terreno.

4. Aplicar el derecho internacional de los derechos humanos a los espacios y plataformas en línea, además de ampliar el marco de referencia de los derechos humanos para abordar cuestiones específicas de la esfera virtual.

 

1. Captura corporativa y financiamiento privado

2. Instituir protecciones relativas al financiamiento privado (por ejemplo: asociaciones público-privadas, privatizaciones, financiamiento combinado), y en particular, evaluaciones de impacto de género, derechos humanos y ambientales consistentes, ex ante, periódicamente y ex post para todos los mecanismos financieros, acuerdos de comercio y proyectos de infraestructura.

3. Desarrollar y apoyar la elaboración y adopción de un instrumento vinculante para regular las actividades de las corporaciones transnacionales y otros emprendimientos comerciales, inclusive en espacios públicos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. Fortalecer los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos humanos como medida provisional hasta que se adopte un tratado vinculante y se lo implemente con miras a la responsabilidad corporativa.

4. Reformar los acuerdos de inversión para eliminar las cláusulas de resolución de disputas entre inversores y Estados, así como las de arbitraje obligatorio. Se habrá de garantizar que los Estados no deban comparecer ante tribunales por implementar políticas de interés público, incluidas las que implican cumplir con sus obligaciones en materia de igualdad de género, derechos humanos y medio ambiente; que puedan recurrir a los tribunales nacionales; y que cuenten con procesos en los que quienes se hayan visto afectadxs por las corporaciones puedan exigir que se asuman responsabilidades y se les otorguen compensaciones.

5. Impedir toda influencia indebida del sector corporativo y de donantes privados en la fijación de agendas y en los procesos de formulación de políticas. Esto incluye revocar el estatus de la Cámara Internacional de Comercio como observadora ante la ONU y reconsiderar las asociaciones entre la ONU y el sector privado.

6. Hacer frente a los flujos financieros ilícitos, incluidos los abusos fiscales transfronterizos (como la evasión fiscal corporativa y la facturación comercial fraudulenta), asegurando que los países de ingreso bajo y de ingreso medio puedan ejercer mayor poder de decisión en el sistema fiscal global y sus reglas, y aplicando, entre otras, medidas como las siguientes: informes país por país, intercambio automático de información, divulgación pública de la titularidad real en las corporaciones, abordar la cuestión de los precios de transferencia y emprender acciones serias contra los paraísos fiscales.

 

1. Pobreza y desigualdad

2. Facilitar la participación de las mujeres como titulares de derechos y no como beneficiarias en el diseño de políticas para la reducción de la pobreza y la protección social. Reconocer, apoyar y financiar los aportes de las organizaciones de mujeres de base a la reducción de la pobreza y la protección social. Establecer principios y estándares para la rendición de cuentas y el trabajo con comunidades empobrecidas y marginadas.

3. Reformar los sistemas fiscales nacionales para que sean progresivos y tengan en cuenta cuestiones de género, mediante la introducción de gravámenes más rigurosos a la riqueza, los bienes y las herencias; la reducción de la dependencia de los impuestos a las ventas y al consumo que constituyen una carga desproporcionada para las mujeres y hombres empobrecidxs; el incremento de las tasas impositivas sobre los ingresos de quienes más perciben y de las corporaciones; y la eliminación de los incentivos fiscales para las corporaciones multinacionales.

4. Adoptar un enfoque sistémico y consistente para hacer frente a la crisis y la angustia de la deuda y resolverlas, externa e internamente, por ejemplo, mediante la creación de un foro global para la resolución de la deuda y el alivio de los efectos particularmente adversos de las medidas de austeridad, que incrementan la deuda interna, sobre todo la de las mujeres jóvenes.

 

1. Trabajo

2. Compilar información desagregada por género sobre trabajo no remunerado y promulgar leyes y políticas para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, orientadas, entre otras cosas, a asegurar el acceso universal a servicios de cuidado públicos y de calidad; garantizar salarios vitales y acceso a la protección social para quienes realizan tareas de cuidados; incrementar de manera significativa la inversión pública en la economía del cuidado; decretar la obligatoriedad de las licencias por maternidad, paternidad y familiares pagas; y ofrecer crédito que se compute para la pensión por el tiempo que una persona pasa fuera de la fuerza laboral criando a sus hijxs o cuidando a personas que dependen de ella.

3. Implementar leyes y políticas para impedir la discriminación por género en el empleo, que incluyan medidas para abordar la violencia de género y el acoso, la discriminación por embarazo, maternidad y paternidad; normas que establezcan el derecho a los ajustes necesarios para trabajadoras embarazadas; y leyes para alcanzar la equidad salarial. Ratificar e implementar el Convenio número 190 y la Recomendación número 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

4. Proteger y promover los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y negociación colectiva para permitir que todas las trabajadoras se organicen y se sumen libremente a los sindicatos, y apoyar la colaboración tripartita entre gobiernos, empleadores y organizaciones que representen a las trabajadoras con el fin de prevenir y eliminar las barreras a la igualdad de género.

5. Abordar la sobrerrepresentación de las mujeres en el empleo precario, el empleo de baja remuneración y la economía informal, mediante la adopción de medidas que garanticen el acceso universal al salario vital y la protección social. Esto incluye un salario mínimo reglamentario basado en evidencias, que se ajuste en forma periódica y que refleje el costo de vida; la obligación para los empleadores de ofrecer los mismos salarios y beneficios a todas las categorías de trabajadorxs; programas para facilitar el acceso al empleo formal, impedir el ocultamiento de relaciones laborales y garantizar que lxs trabajadorxs informalizadxs tengan acceso a protección social en concordancia con la Recomendación número 204 de la OIT; programas para abordar la segregación ocupacional tanto horizontal como vertical; medidas para mejorar el acceso de las mujeres a la educación y formación profesional de calidad; y medidas justas de transición para trabajadoras afectadas por el cambio climático, la digitalización y la automatización.

 

1. Salud 

2. Garantizar el acceso universal a servicios de atención dela salud integrales, con perspectiva de género, públicos y gratuitos que incluyan el acceso a todo el espectro de servicios e información sobre salud sexual y reproductiva para todas lxs mujeres, adolescentes, niñas, personas trans y otras personas que cuestionan los mandatos de género, mediante la eliminación de las barreras al acceso. Esto incluye métodos de anticoncepción modernos, el aborto, la atención integral de la salud materna; diagnóstico, apoyo y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluido el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); tecnologías para la reproducción asistida y para el tratamiento de la infertilidad; prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en los órganos reproductivos; y servicios para prevenir la violencia de género y responder a ella. 

3. Eliminar los pagos directos (con o sin reintegro) y los catastróficos gastos en salud que empujan a las mujeres al círculo vicioso de la pobreza y el endeudamiento y las mantienen dentro de él.

4. Poner fin al cáncer de cuello uterino mediante medidas que garanticen el acceso universal a las vacunas contra el virus del papiloma humano y a los tratamientos del cáncer de cuello uterino, libres de coerción, así como el financiamiento de servicios para la atención primaria de la salud que permita mejorar la capacitación y el equipamiento para detectar y tratar el cáncer de cuello uterino.

 

1. Derecho a la tierra

2. Asegurar el derecho de las mujeres a poseer, acceder y controlar tierras, mediante la abolición de las leyes y prácticas culturales discriminatorias que lo niegan. Garantizar el acceso de las mujeres al sistema bancario y al crédito (no a los microcréditos) como apoyo para sus adquisiciones y para el uso de la tierra como forma de fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar medios de vida sostenibles. Apoyar el uso de prácticas de la agricultura tradicional por parte de las mujeres para rehabilitar suelos, mejorar la producción y garantizar la resiliencia y la sostenibilidad en el largo plazo, especialmente como respuesta al cambio climático.

3. Poner fin a la apropiación de tierras y revertirla, y garantizar el consentimiento libre, previo, informado y continuo de todas las comunidades afectadas por inversiones basadas en la tierra. Eliminar las políticas públicas que estimulan la apropiación de tierras y dar prioridad al uso sostenible de la tierra y a las necesidades de las mujeres y otrxs productorxs de alimentos en pequeña escala.

 

1. Autonomía corporal y sexualidad

2. Garantizar la provisión de educación integral en sexualidad por parte del Estado dentro y más allá de las escuelas, basada en evidencias, los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto por la autonomía y la integridad corporal.

3. Derogar leyes y marcos políticos que criminalicen y penalicen los cuerpos, las sexualidades y las identidades.

4. Abordar los puntos débiles de las leyes y políticas vigentes que criminalizan las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas a la integridad y la autonomía corporales, como la mutilación genital femenina, la violencia doméstica y la perpetrada por compañerxs íntimxs, y el matrimonio infantil, precoz y forzado, para garantizar un enfoque de la justicia que no margine ni estigmatice todavía más a las personas y comunidades afectadas. Para tal fin, se deberá invertir en el abordaje de las causas estructurales de estas violaciones, a través de políticas integrales contra las formas múltiples y entrecruzadas de discriminación.

5. Despenalizar el aborto y eliminar el estigma en torno a él, mediante su eliminación de los códigos penales; la remoción de las barreras para acceder a los servicios, sobre todo, en el caso de grupos marginados; el apoyo a las personas gestantes que decidan abortar por sus propios medios; la desmedicalización de la atención en casos de aborto; el acceso a la atención posaborto sin limitaciones o barreras de ningún tipo, y la prohibición de que toda persona que preste servicios pueda negarse a brindarlos invocando sus creencias.

 

1. Violencia contra las mujeres, incluida la violencia contra las defensoras de derechos humanos

2. Acelerar la implementación de las recomendaciones para eliminar la violencia contra las mujeres enunciadas en la Plataforma de Acción de Beijing y en estudios, directrices e informes posteriores de la ONU. Esto incluye acentuar la voluntad política para hacer de esta tarea una prioridad para los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de construir la base de conocimientos necesaria para elaborar mejores políticas y prácticas; poner fin a la impunidad para quienes sean responsables de tales violencias; proteger los derechos de las mujeres a ejercer el control sobre sus cuerpos y su sexualidad, así como a la seguridad social y económica; y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.

3. En tanto gobiernos e instituciones multilaterales, asignar recursos adecuados para financiar el trabajo contra la violencia hacia las mujeres y la prevención de esta, incluido el realizado por la sociedad civil y las defensoras de derechos humanos —que a menudo resulta el más importante—, y también el que efectúan lxs sobrevivientes de violencia.

4. Establecer alianzas más ágiles y más fuertes entre el Estado, la sociedad civil y los actores multilaterales para garantizar acciones estratégicas y mejor coordinadas que reconozcan la naturaleza vasta e interconectada de la violencia de género contra mujeres y activistas.

5. Proteger los derechos de las defensoras de derechos humanos, lo que incluye adoptar una posición pública contra todos los actores estatales y no estatales que violan estos derechos, poner fin a todos los ataques y amenazas contra las defensoras, investigar todos los ataques que ocurran, y garantizar que no prevalezca la impunidad.

6. Asegurar que las defensoras disfruten de ambientes seguros y que se le facilite el ejercicio de sus derechos. Esto incluye hacer frente a la discriminación y la violencia sistémicas y estructurales que sufren, así como promulgar leyes que reconozcan y respeten los derechos de todxs lxs defensorxs de derechos humanos, con un acento especial en las necesidades de las defensoras.

 

1. Racismo, casteismo, xenofobia

2. Adoptar y fortalecer los marcos legales nacionales, regionales e internacionales en concordancia con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, con miras a garantizar su plena y efectiva implementación y con especial énfasis en las mujeres y las niñas.

3. En tanto gobiernos, tomar medidas legales, presupuestarias y programáticas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación por ascendencia y ocupación, incluidos programas de formación antirracista para el personal policial, militar y migratorio. La rendición de cuentas debe exigirse en casos de perfilamiento racial y conductas racistas por parte de la policía.

4. Continuar utilizando medidas especiales temporales (acción afirmativa) para abordar las desigualdades por motivos de raza, origen nacional y de pertenencia a comunidades que son objeto de discriminación por su ascendencia y ocupación.

5. Adoptar políticas de reparación al interior de las naciones y entre ellas para abordar las desigualdades creadas por siglos de políticas globales y nacionales de supremacía blanca.

6. En tanto gobiernos, reconocer oficialmente a las comunidades afectadas por discriminación por ascendencia y ocupación, mediante la implementación de medidas constitucionales, legislativas, presupuestarias y programáticas para garantizar la protección de su dignidad, seguridad y bienestar corporal, educativo y cultural, así como su derecho a vivir libres de abuso, violencia y exclusión social, política y económica.

 

1. Migrantes y refugiadxs

2. Garantizar que la entrada y permanencia irregular en un país no sea tratada como delito penal. No criminalizar ni penalizar de ninguna otra manera la prestación de apoyo y asistencia a personas migrantes como la que llevan adelante lxs defensorxs de derechos humanos.

3. Dar prioridad al acceso de las mujeres migrantes a los servicios públicos, incluidos los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, sin importar su estatus migratorio. Abordar la intersección de identidades y múltiples opresiones mediante respuestas políticas integrales.

4. Garantizar el acceso a la justicia para mujeres y niñas migrantes, incluida la atención en casos de violencia de género en el hogar, la comunidad y la esfera del trabajo, así como de violaciones a sus derechos laborales. Garantizar que las mujeres y niñas migrantes puedan denunciar delitos sin correr riesgo de ser detenidas o deportadas.

5. Brindar acceso a la regularización, residencia permanente y opciones para obtener la ciudadanía, incluidas las iniciativas de reunificación familiar. No condicionar la prestación de ayuda para el desarrollo a que un país facilite las condiciones para el retorno de migrantes o aplique la política de migración a un tercer país.

 

1. Financiamiento para el «Foro para la Generación de Igualdad»

El Foro para la Generación de Igualdad es un momento decisivo para acceder al panorama del financiamiento para avanzar la justicia de género y los derechos humanos de las mujeres, criticarlo e insuflarle nuevas energías. Si bien la conferencia de Beijing marcó un hito en el reconocimiento de las principales barreras para alcanzar la igualdad de género, los compromisos financieros relacionados con Beijing han resultado penosamente inadecuados. Aunque los organismos de la ONU y los gobiernos han asumido compromisos desde el proceso de Beijing, los montos y la distribución de los fondos han sido desiguales. El apoyo con frecuencia se canaliza a través de entidades gubernamentales y de ONG internacionales con sede en los países donantes con agendas pensadas en la sede central y que no necesariamente están en sintonía con las prioridades de los movimientos y organizaciones de los contextos en los que operan. El financiamiento de la ONU a menudo no llega a los actores locales de la sociedad civil que son quienes más lo necesitan, mientras que menos del 1% del financiamiento gubernamental para la igualdad de género se destina a las organizaciones por los derechos de las mujeres. Los fondos resultan penosamente inadecuados y tampoco se distribuyen en forma equitativa. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el rol de los donantes privados revela que los fondos filantrópicos son importantes pero de modesta envergadura cuando se los compara con la ayuda oficial al desarrollo gubernamental. Casi el 67% del financiamiento filantrópico general se destina a 10 países considerados clave y, en su mayor parte, se orienta a la salud reproductiva y la salud materna, pero no a los derechos. Además, el financiamiento se centra en la búsqueda de soluciones técnicas o en el empoderamiento de las mujeres, sin tener en cuenta la perspectiva de derechos y sin incluir el abordaje de las barreras sistémicas a la justicia y la igualdad.

 

Algunos de los donantes más consistentes de grupos locales han sido los fondos de mujeres globales, regionales y locales —fondos creados por y para mujeres— que buscan generar más y mejores recursos para los grupos de mujeres y garantizar financiamiento para las comunidades de base y los movimientos feministas locales. Cuando se realizó la conferencia de Beijing, solo existían unos pocos fondos de mujeres pero desde entonces se han creado más de 40 fondos de mujeres, indígenas y LBT en todo el mundo. Junto con otros mecanismos regionales de financiamiento, ellos constituyen una forma importante de garantizar que los actores de la sociedad civil cuenten con recursos adecuados para impulsar la plataforma de Beijing. El Foro para la Generación de Igualdad es un momento decisivo para escuchar de cerca los desafíos y aprovechar las oportunidades que múltiples sectores feministas identifican en sus contextos y movilizar así una diversidad de fuentes de financiamiento para responder en forma apropiada a sus demandas.

 

1. Para los gobiernos donantes

2. Comprometerse a adoptar políticas feministas para la asistencia internacional al desarrollo que incrementen de manera sustancial los flujos directos de recursos hacia fondos, organizaciones y movimientos por los derechos de las mujeres como porción significativa de su financiamiento para la igualdad de género.

3. Comprometerse a trabajar con el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE para mejorar el marcador de género en concordancia con los principios para el financiamiento feminista, incluidas las evaluaciones independientes y estandarizadas de los flujos de ayuda (es decir, que no se basen en los informes propios).

4. Abstenerse de interferir en el financiamiento aportado a las mujeres y las personas que cuestionan los mandatos de género para su trabajo por los derechos humanos y garantizar que sus marcos legales y administrativos no restrinjan el acceso al financiamiento para el activismo por los derechos humanos.

 

1. Para todos los gobiernos

2. Comprometerse a incrementar de manera significativa la asignación de recursos nacionales para fortalecer las instituciones nacionales encargadas de implementar las políticas estatales en favor de los derechos de las mujeres.

3. Comprometerse a adoptar políticas feministas de movilización de recursos nacionales que incrementen de manera sustantiva el financiamiento directo para las organizaciones y los movimientos por los derechos de las mujeres, y también a realizar un análisis feminista de los presupuestos nacionales.

 

1. Para las fundaciones privadas

2. Comprometerse a incluir a las organizaciones y los movimientos por los derechos de las mujeres en el diseño de estrategias programáticas. Incrementar las asignaciones presupuestarias para los fondos, organizaciones y movimientos por los derechos de las mujeres.

 

1. Para todxs lxs donantes

2. Adoptar los siguientes principios de financiamiento feminista en el Foro para la Generación de Igualdad y aplicarlos a sus nuevos compromisos, acciones y estrategias de financiamiento:
   - Proporcionar financiamiento organizacional, flexible y multianual;

- Publicar y aceptar solicitudes de apoyo en múltiples formatos e idiomas;

- Eliminar los requisitos onerosos;

- Apoyar los procesos organizativos entre movimientos y regiones; y

- Garantizar compromisos libres de condiciones que socaven los derechos de las mujeres.

 

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